FEMINICIDIO EN COAHUILA: ODIO, OBSESIÓN Y ABANDONO

Jorge T. Zertuche

  3 de julio de 2024

María Fernanda fue hallada sin vida la madrugada del domingo en un motel de Torreón, Coahuila. Su muerte representa el onceavo feminicidio en esta entidad en lo que va del año, empatando en seis meses de 2024 la cifra total de incidencias en todo 2023.

Oficialmente, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila ha abierto hasta el momento 11 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en el periodo de enero a junio, con dos casos más aún no reconocidos por las autoridades como tal, para un total de 13 casos. Siete de estos, más de la mitad de la cifra oficial, han ocurrido en Torreón.

Las incidencias restantes se dividen en los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Piedras Negras y General Cepeda, con un caso por entidad, mientras que el municipio de Acuña presenta dos más, para un total de seis feminicidios oficialmente reconocidos por la FGE.

Todas las víctimas comparten un rasgo imposible de ignorar: Sus muertes fueron denigrantes y violentas. Para la mayoría, el agresor habría sido en vida su pareja sentimental. En dos de los casos, el asesino se quitó la vida con la misma arma que usó para ultimar a su víctima; un tercero lo habría intentado también. En el único caso en que la agredida era menor de edad, habría sido su propio padre, asistido por su madrastra, quien torturó, abusó y abandonó a la niña. Tenía siete años de edad.

Con excepción de un caso en Torreón, todos los agresores han sido detenidos y puestos a disposición de las autoridades.

Inacción, silencioso cómplice de los agresores
Colectivos feministas en todo el estado acaparan todo foro posible para alzar la voz por las víctimas, condenando esta ola de violencia extrema de género y exigiendo a las autoridades que la justicia se haga presente.

Furia Coahuila, uno de dichos grupos, critica enérgicamente la falta de atención de las autoridades. “Hay un 100% de incremento en el número de asesinatos únicamente en el municipio de Torreón”, señalan a través de una publicación en redes sociales, urgiendo a mandatarios y jefes de Seguridad Pública a no quitar el dedo del renglón.

La respuesta dada a esta exigencia no podría ser más decepcionante para las familias de las víctimas: La alerta de género solicitada por estos hechos fue rechazada por las autoridades coahuilenses en una reunión de seguridad. El propio fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, habría señalado también que dicha alerta debería ser pedida a las autoridades federales competentes.

Simultáneamente, Márquez Guevara señala que 2023 representó una baja en la incidencia de feminicidios en comparación con años anteriores, en presentación con Mayra Valdés, secretaria de las Mujeres, y Miguel Mery, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Dicha disminución evidenciaría, con este repunte, que si había un trabajo bien hecho en su momento éste se descontinuó para vivir una nueva ola de
incidencias, o bien, como onerosamente sugieren los dos casos que la FGE no ha reconocido como feminicidios hasta el momento, la cifra real para ese año no es la que se pregona.

A este desamparo se suman pausas y retrasos en la entrega de un apoyo económico extraordinario para hijos e hijas de las víctimas de feminicidio, un
beneficio de 4 mil pesos por menor establecido desde 2018 por el Gobierno del Estado, siendo en aquel tiempo gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, con el propósito de aminorar su situación de vulnerabilidad por la pérdida de sus madres.

Integrantes del colectivo Madres Poderosas han denunciado esta situación mientras que buscan tener una reunión con el actual mandatario estatal Manolo Jiménez Salinas, toda vez que la entrega de este apoyo se ha visto entorpecida, señalan, desde el inicio de su administración en 2023. Además del apoyo económico, señala el decreto, se otorgaría a las niñas, niños y adolescentes beneficiarios “prestación de los servicios de salud con que cuenta la Secretaría de Salud del Estado y una beca escolar durante el ejercicio 2024”.

Conforme a la ley
De acuerdo con el artículo 188 del Código Penal de Coahuila, se le considera feminicidio al acto de privar de la vida a una mujer por razones de género. Éstas se definen, a su vez, en violencia sexual de cualquier tipo, las cuales pueden ocurrir antes o después de que la víctima sea privada de la vida; la existencia o pretensión de una relación íntima, incomunicación, o que el cuerpo sea expuesto o abandonado en un espacio público. A esto se le suman también lesiones, mutilaciones y amenazas de violencia en el ámbito familiar, escolar o laboral.

La sentencia a este delito sería de 40 a 60 años de prisión, misma que puede aumentar si la víctima era menor de edad, adulta mayor, mujer embarazada o que sufra una discapacidad de cualquier naturaleza. Además de prisión, el victimario perdería toda patria potestad de hijos e hijas que tenga en común con la víctima. Se impone, además, una multa económica.

En Coahuila se han procesado 72 causas penales por este delito; de éstos, sólo 6 han alcanzado y superado la pena máxima. La mayor pena dictada hasta ahora ha sido de 182 años y cuatro meses, precisamente en Torreón, por el triple feminicidio de las hermanas Araceli, Cecilia y Dora, enfermeras de profesión en vida.

Existe, sin embargo, la posibilidad de que un condenado sea sometido sólo por la mitad de su pena si confiesa su delito mediante el proceso abreviado.

Tras el feminicidio de Nallely, ocurrido en Piedras Negras a mediados de junio, la Cámara Local de Diputados plantea y se pronuncia a favor de endurecer las penas contra este delito. Nallely habría sido privada de la libertad, incomunicada y asesinada por su pareja sentimental. El pasado 2023, el Congreso Estatal habría hecho la misma pronunciación, tras el feminicidio de Erika en la capital Saltillo.

En 2004, la feminista y antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos acuña el término de feminicidio, al que define como “el asesinato de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres”, a raíz de las Muertas de Juárez, desmintiendo que sólo ellas sean las víctimas de esta clase de violencia. De su obra y su trabajo emana la tipificación del feminicidio como delito a nivel federal en 2007. No obstante, este delito empezó a contabilizarse oficialmente a partir del año 2010.

De acuerdo al INEGI, al menos el 70.1% de mujeres en México han experimentado violencia psicológica, económica, física, sexual o patrimonial en
algún punto de su vida, cifra presentada en un reporte del año 2021.

Las penas severas y la atención oportuna a la violencia de género en cualquiera de sus niveles son herramientas valiosas para frenar el feminicidio, pero sin un cambio integral en la conciencia social, en la que el hombre vea a la mujer, a la hija, a la vecina, a la compañera, a la hermana, a la madre, como otro ser humano, no habrá fin al horror.